Los defensores indicaron a los jueces del tribunal internacional que desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, en abril del 2018 y hasta la actualidad, existe una persecución constante y una obstaculización de la labor de defensa de los derechos que realizan los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Estas dos organizaciones son beneficiaras de medidas provisionales de la CorteIDH desde 2019 y la audiencia de este jueves tenía como objetivo evaluar el cumplimiento

"Los ataques vinculados a nuestras labores de defensa de los derechos humanos (se han incrementado) en medio de una nueva ola represiva por el tercer aniversario de las protestas en 2018. A través de redes sociales se han incrementado los ataques, que precisamente confirman que jamás podremos vivir con tranquilidad en Nicaragua", dijo el activista del CENIDH Gonzalo Carrión, quien se encuentra exiliado en Costa Rica.

Por su parte, Vilma Núñez, también beneficiaria de las medidas, destacó que "hasta el día de hoy los ataques continúan, incluso en esta misma audiencia, en particular las campañas de desprestigio, estigmatización y criminalización".

"El Gobierno de Nicaragua llama a los defensores del CENIDH enemigos del Estado y nos expone al grado de riesgo nuestras vidas e integridad personal", aseveró Núñez.

En 2019, la CorteIDH dictó medidas provisionales en las que ordenó al Estado proteger la integridad y la vida de los integrantes del CENIDH y de la CPDH. Estas organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno en contra de los manifestantes que desde abril de 2018 piden la salida del mandatario y nuevas elecciones, lo que derivó en una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y heridos.

En la audiencia, la representación del Estado afirmó que las autoridades han desarrollado un protocolo para la actuación de la Policía con miras a garantizar la seguridad de los beneficiarios tanto de la CPDH como del CENIDH.

"El Estado de Nicaragua lamenta que las acciones desplegadas por las autoridades de la Policía para dar atención a las medidas cautelares de la Corte sean consideradas por ellos como acoso u hostigamiento. Las medidas están realizadas para resguardar la vida e integridad física de los beneficiarios para que puedan realizar con toda libertad sus actividades políticas", dijo procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales.

Ante estas declaraciones, los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos rechazaron que necesiten de la protección de la Policía, pues acusaron a esa entidad de ser la responsable de la represión y el hostigamiento.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, indicó que los integrantes de ambas organizaciones continúan recibiendo "hostigamiento, intimidación y otros actos de violencia en su contra", tanto por los simpatizantes del Gobierno como de agentes de la Policía Nacional.

"Preocupa también la persistencia de actos que tienden a coartar la capacidad de las organizaciones de derechos humanos para cumplir con su legítima labor de defensa, entre ellas, la intrusión de las sedes que permanecían ocupadas arbitrariamente desde 2018", expresó Urrejola.

En la resolución de 2019, la CorteIDH ordenó al Estado asegurar la continuidad de las labores de las organizaciones en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones.