“El fin del derecho de excepción no significa el fin de las restricciones. Ni mucho menos. La amenaza del virus persiste. Por eso las autoridades debemos seguir actuando y la ciudadanía comportándose con responsabilidad”, escribió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un artículo en el diario El País.
Tras medio año de toque de queda y de prohibición de la movilidad entre regiones amparados por el estado de alarma decretado a finales de octubre, los españoles recuperaron algunas libertades desde la medianoche del domingo, cuando concluyó este régimen de excepción.
Portada de numerosos diarios españoles, las imágenes de ciudadanos festejando y bebiendo en las calles de Madrid o Barcelona, en muchos casos sin mascarilla ni distancias de seguridad, impactaron y provocaron reacciones en la clase política.
“Con (el jefe de gobierno Pedro) Sánchez pasamos del estado de alarma al caos”, criticó el domingo el líder del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado.
En respuesta a estos reproches, el ministro de Justicia aseguró que la legislación ofrece mecanismos “adecuados a la fase de la pandemia en la que nos encontramos”, subrayando que “el 28% de la población (cuenta) con al menos una dosis de la vacuna”.
Las regiones, competentes de la gestión de la crisis sanitaria en este país descentralizado, pueden limitar horarios o aforos de bares, restaurantes y comercios, pero para aplicar medidas que afectan derechos fundamentales como el toque de queda deben solicitar una autorización judicial.
Si el tribunal regional lo rechaza, el gobierno estableció un mecanismo especial para que las autoridades regionales puedan recurrir al Tribunal Supremo, que deberá encargarse de unificar criterios.
El archipiélago de las Canarias fue la primera región en anunciar que impondrá este recurso después de que su petición de aplicar un toque de queda fuera rechazada.
La sentencia de la más alta jurisdicción española fijará “la pauta común para todo el país”, indicó el ministro de Justicia, añadiendo que el gobierno está dispuesto a estudiar “cambios legales adicionales” si así lo recomienda este tribunal.