La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés), una de los demandantes, señala que la ley fue diseñada para "aplacar el derecho de la Primera Enmienda de los floridanos a la libertad de expresión y reunión pacífica a raíz de las manifestaciones del verano pasado contra la violencia policial".
Los demandantes, entre ellos también la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y Community Justice Project, critican que la ley, entre otras acciones, crea nuevas sanciones penales para los manifestantes.
Esta ley es "inconstitucional y peligrosamente amplia", se lamentó en un comunicado Nailah Summers, codirectora interina de Dream Defenders.
Summers asegura que se trata de "una respuesta directa" de DeSantis contra los 26 millones de personas que protestaron en 2020, especialmente el grupo liberal Black Lives Matters (BLM, Las vidas de negros importan), tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.
"Nuestro gobernador utilizó esta escandalosa tragedia como una oportunidad política para silenciar a sus críticos, jugar a la política y legislar el racismo", agregó.
"Un gobernador blanco y una legislatura predominantemente blanca" firmaron una ley "que silencia la ira, la frustración y los gritos de las voces negras, ya que nuestras comunidades exigen que nuestras vidas sean reconocidas", dijo por su parte Francesca Menes, directiva de The Colectivo Negro.
El republicano sancionó en abril pasado la nueva ley "antidisturbios" en medio del rechazo generalizado de organizaciones civiles que la consideran "antiprotestas" y que daña las finanzas del estado.
La demanda fue presentada en el Distrito Norte de Florida a nombre de varias organizaciones a favor de los derechos de los afroamericanos y de la minorías, entre ellas BLM.
Argumenta que la ley, la HB-1, viola las Enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución "al enfriar el discurso y criminalizar la protesta".
Los grupos civiles consideran que la medida va a fomentar aún más la discriminación de minorías, que estarían sometidas a las autoridades y a su discreción a la hora de calificar una protesta como un movimiento pacífico o disturbios.