La jueza Debra Mortimer, del Tribunal Federal de Australia, argumentó en su fallo que Telstra violó la Ley del Consumidor por las “prácticas inadmisibles de venta” mostradas por sus empleados en cinco de sus locales al emitir contratos de planes para teléfonos móviles a 108 indígenas que no entendían bien el inglés y que estaban desempleados o vivían de las ayudas sociales.

"Los consumidores afectados también estuvieron expuestos a problemas financieros serios y angustias al ser responsables de los gastos que no podían asumir y que en algunos casos no tenían idea en lo que habían incurrido (al firmar los contratos)", recalca el dictamen, que apunta a elementos como pagos adicionales por el uso de datos.

Además de estas prácticas, la jueza también señaló "otros factores agravantes" como la manera en la que Telstra abordó las quejas, su demora en aceptar su responsabilidad por su mala conducta y los intentos por recuperar el dinero que le debían.

Rod Sims, presidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, que demandó a la empresa de telefonía, recordó que los 108 clientes indígenas hablaban el inglés como segunda o tercera lengua, y muchos de ellos viven en zonas remotas.

Sims remarcó en un comunicado que las prácticas por las que se condenaron a Telstra "incluyen la manipulación de la evaluación crediticia, la tergiversación de los productos como gratuito, la explotación de las vulnerabilidades sociales, lingüísticas, de alfabetización y culturales de estos clientes indígenas".

La multa contra Telstra es la segunda más alta impuesta en Australia en el marco de la Ley del Consumidor, después de los 125 millones AUD (96,7 millones USD o 80 millones EUR) que tuvo que pagar Volskswagen en 2019 por el escándalo “dieselgate” tras descubrirse que engañó a sus clientes respecto a las emisiones de sus coches.