La activista salvadoreña Sara García denunció a través de un video difundido en redes sociales que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales "envió al archivo todas las propuestas de ley que eran estudiadas, entre estas la propuesta para despenalizar el aborto en cuatro causales".

"Esto nos parece que es lamentable y que debemos denunciarlo enérgicamente. No puede ser que esta Asamblea haga acciones que vayan en detrimento de nuestros derechos humanos, no puede ser que se archive una propuesta sin estudio y sin diálogo", señaló la defensora de derechos humanos.

García exigió a los diputados que integran la Comisión de Legislación, en su mayoría del oficialista Nuevas Ideas (NI), que expliquen los motivos por los cuales están archivando una "propuesta que tiene que ver con la dignidad de las mujeres salvadoreñas".

"Este es un tema que es una deuda del Estado salvadoreño. La despenalización del aborto es una necesidad, es un tema de derechos humanos y de salud pública, por lo que exigimos a la nueva Asamblea que no archive, que no considere obsoletos nuestros derechos, que se siente a dialogar y que construya leyes para todas las personas", añadió.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, también reaccionó ante la decisión tomada en la Comisión de Legislación y señaló que "la total prohibición del aborto es una grave violación de derechos humanos y una vergüenza internacional para El Salvador".

Agregó que se tomó la decisión de enviar al archivo la propuesta de reforma para despenalizar el aborto "sin dialogar y sin escuchar a las mujeres".

El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el apoyo de organizaciones de mujeres, feministas y defensoras de derechos humanos, propuso en octubre de 2016 al Congreso modificar el artículo 133 del Código Penal para despenalizar el aborto bajo cuatro causales.

La propuesta contemplaba el aprobar el aborto cuando el propósito es salvar la vida de la mujer gestante, cuando el embarazo es producto de una violación sexual, cuando exista una malformación del feto o cuando el embarazo es resultado de violación o estupro en el caso de una menor de edad.

Actualmente las mujeres que sufren una interrupción del embarazo en El Salvador son acusadas del delito de homicidio agravado, que contempla penas de entre 30 a 50 años de cárcel.