Un artefacto explosivo disparado por las Fuerzas Armadas impactó contra el techo del recinto religioso de la ciudad de Loikaw alrededor de la 1:00 de la madrugada de este lunes (18.30 GMT del domingo), informa el portal de noticias Khit Thit Media.
La deflagración causó cuantiosos daños en el edificio, que se derrumbó parcialmente sobre varias personas que habían acudido a refugiarse en la iglesia cristiana por miedo a los combates entre el Ejército contra civiles armados apoyados por un grupo rebelde.
Las víctimas mortales son tres mujeres y un varón, mientras que los heridos están siendo tratados en un hospital, apunta el citado medio.
Según el portal Kantarawaddy Times, unos 40 soldados murieron el domingo durante los combates contra las Fuerza de Defensa Civil, la resistencia armada creada por la oposición política, que contó con el apoyo del rebelde Ejército Karenni.
En la población de Moe Bye, cerca de la frontera con el estado Shan, la milicia tomó una comisaría y mató a al menos 15 soldados al lanzar un ataque contra las fuerzas de seguridad que estaban disparando artillería pesada contra algunas casas.
A unos 20 kilómetros al sur, cerca de la urbe de Demoso al menos otros 24 soldados perdieron la vida al ser sorprendidos durante una emboscada de los rebeldes en una carretera que une la región.
Las protestas contra la junta militar continúan hoy un día más para expresar el rechazo popular al mando castrense y exigir la liberación de todos los detenidos, incluida la derrocada líder Aung San Suu Kyi, y el restablecimiento de la democracia.
Algunos de los manifestantes han decidido tomar las armas contra el Ejército cansados de los pocos avances de las manifestaciones pacíficas.
Al menos 818 personas han perdido la vida desde la asonada a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que contabiliza en casi 5.400 los detenidos desde el golpe de Estado.
El Ejército justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.