El Consejo Legislativo (el parlamento hongkonés, que desde noviembre carece de oposición por la expulsión de 4 diputados y posterior renuncia de otros 15) aprobó hoy por 40 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención las modificaciones necesarias para adaptar a la legislación local la controvertida reforma electoral, informó hoy la radiotelevisión hongkonesa RTHK.
Estas modificaciones suponen que el número de escaños parlamentarios aumentará de 70 a 90, pero tan solo 20 de ellos podrán ser elegidos por sufragio directo (frente a los 40 estipulados por la normativa anterior).
El comité electoral -órgano encargado de designar por sufragio restringido al jefe del Ejecutivo hongkonés- aumentará en 300 su número de puestos, hasta los 1.500 miembros, y se encargará de seleccionar a 40 de los diputados del Consejo Legislativo.
Entre las modificaciones legales también se encuentra una que penaría con hasta tres años de cárcel los llamamientos públicos al boicot electoral o al voto en blanco o nulo.
"La modificación de la legislación electoral nos proporcionará una base sólida sobre la que llevar a cabo las próximas elecciones" previstas para diciembre, celebró hoy la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam.
El de hoy es un paso más en el refuerzo del control de Pekín sobre Hong Kong, que regresó a soberanía china en 1997 en virtud de la Declaración Sino-Británica de 1984, documento que, no obstante, recoge el compromiso de Pekín de garantizar las libertades entonces existentes en el territorio hasta al menos 2047.
Además, el pasado día 21, entró en vigor la obligatoriedad de realizar un juramento de lealtad a la Región Administrativa Especial de Hong Kong tanto para cargos electos como para candidatos que quieran participar en las elecciones como forma de garantizar su "patriotismo".
Estas recientes modificaciones legales llegan después de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong que Pekín redactó e impuso el pasado año, a raíz de las movilizaciones antigubernamentales que tomaron las calles de la excolonia británica durante la segunda mitad de 2019.
Esta ley estipula penas de hasta cadena perpetua para supuestos de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras.