"La seguridad y el bienestar del pueblo birmano debe ser siempre la prioridad. El diálogo inclusivo debe ser alentado para resolver la crisis política y restaurar la democracia en Birmania, conforme a la voluntad popular", dijo Retno al recordar los cinco puntos de consenso alcanzados durante la reunión en abril por la ASEAN y el líder de la junta militar, el general Min Aung Hlaing.
La ministra anunció además el viaje a Birmania en los próximos días del secretario general del bloque del Sudeste Asiático, el bruneano Lim Jock Hoi, aunque sin concretar una fecha.
Retno, durante una comparecencia de prensa junto al Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, remarcó una vez más la posición de Indonesia de buscar una solución a la crisis política en Birmania, desatada por el sublevamiento militar del 1 de febrero, a través del "dialogo entre todas las partes".
Borrell, por su parte, alabó el liderazgo de Yakarta con el objetivo de "proteger al pueblo birmano".
El 24 de abril, el jefe de la junta militar se comprometió a frenar la violencia contra los civiles, iniciar el diálogo entre todas las partes y aceptar a un mediador para solventar la crisis, entre otros puntos consensuados con los líderes políticos de la ASEAN, de la que Birmania forma parte.
Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos puntos ha sido implementado e incluso Min Aung Hlaing se retractó días más tarde, al priorizar "mantener la ley y el orden" sobre las "sugerencias" de los líderes del bloque.
Al menos 90 personas han perdido la vida en Birmania a manos de las fuerzas de seguridad desde aquel compromiso alcanzado con el jefe de la junta militar; una cifra que supera los 841 decesos desde el golpe de Estado, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que contabiliza más de 5.570 detenidos, incluida la derrocada líder del gobierno democrático Aung San Suu Kyi.
El Ejército justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.