"El Gobierno del Líbano le estaría agradecido si explorara con urgencia vías diferentes y alternativas para financiar el Tribunal con el Consejo de Seguridad y los Estados miembros", expresó Diab en su misiva, según un comunicado de su oficina de prensa.

Esta petición del Gobierno libanés se produce un día después de que el Tribunal Especial anunciara la cancelación por falta de fondos del comienzo de un juicio previsto para el próximo 16 de junio por tres atentados contra políticos de ese país entre 2004 y 2005 y advirtiera de que podría verse obligado a cerrar a finales de julio.

La financiación del tribunal, cuya sede se encuentra en las afueras de La Haya, depende en un 51 % de países donantes y el restante 49 % del Líbano.

El país mediterráneo ha tenido problemas para aportar su parte debido a la grave crisis económica que atraviesa, por lo que la ONU otorgó el pasado marzo una subvención de quince millones y medio de dólares (casi trece millones de euros), cubriendo el 75 % de esta aportación.

"Esto no ha resuelto por completo el problema financiero. Desafortunadamente, la mayoría de las contribuciones voluntarias con las que el Tribunal esperaba financiar su presupuesto no se materializaron", lamentó Diab en su carta.

Creada en 2009 por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la corte comenzó en 2014 a juzgar en rebeldía a cuatro miembros del grupo libanés chií Hizbulá acusados del atentado con coche bomba que acabó en 2005 con la vida del ex primer ministro libanés Rafic Hariri en Beirut.

El año pasado el tribunal declaró culpable y condenó a cadena perpetua a unos de ellos.