“Ingenua, pensé que después del allanamiento de casa de mi hermano, no pasaría nada peor. Anoche (esta madrugada), vestidos como ladrones a las 3.00 a.m. (09.00 GMT), entraron y se llevaron absolutamente todo de la casa. Amenazaron a mi cuñada y a mi sobrina. No sé ni cómo calificar este horror”, denunció Belli, en su cuenta en Twitter.

La escritora no se refirió a los asaltantes. Por su parte la Policía Nacional, cuyos agentes ocuparon la vivienda 48 horas antes, tampoco se pronunciaron sobre el asalto.

En el momento en que ocurrieron los hechos únicamente se encontraban las mujeres, ya que Humberto Belli, exministro de Educación bajo el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien es buscado por el Gobierno de Daniel Ortega, se había exiliado en Miami (EE.UU.) antes del allanamiento.

El hermano de la escritora fue involucrado por las autoridades en el caso de Funides, supuestamente “por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras” y “por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, según ha informado el Ministerio Público.

Recibir fondos del extranjero y opinar públicamente sobre temas políticos no era delito en Nicaragua hasta octubre pasado, cuando empezaron a entrar en vigor una serie de leyes que la oposición denomina “restrictivas”.

El establecimiento de dichas leyes y su aplicación se da en el marco de las elecciones generales de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca una tercera reelección consecutiva, para un cuarto periodo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

El exilio del exministro de Educación, el allanamiento de su casa en una lujosa área de Managua y el asalto con amenazas, se dio en medio de una ola de arrestos contra opositores, que ha llevado a prisión a varios candidatos a la Presidencia y líderes disidentes desde el pasado 4 de junio.

Los aspirantes presidenciales por la oposición arrestados por supuesta “traición a la patria” son Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, y Juan Sebastián Chamorro.

También fueron capturados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG.

Todos los convictos han coincidido en calificar como “dictador” a Ortega, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado de “crímenes de lesa humanidad”.

En las elecciones del 7 de noviembre Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política en Nicaragua.