La policía envió este martes documentación a la fiscalía y solicitó que se presenten cargos contra la empresa y dos exempleados por contratar sin comprobar su estatus legal a dos ciudadanos de nacionalidad vietnamita cuyo visado había expirado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

Ambos realizaron entregas a domicilio de pedidos de Uber Eats en Tokio entre junio y agosto de 2020.

Uno de los acusados vinculados al caso, una exempleada de la empresa que tenía como cometido supervisar el cumplimiento de las normativas nacionales, habría admitido los hechos y dicho a los investigadores que estaba "al tanto de una falla" en el registro de trabajadores extranjeros de la compañía, detalló dicho medio.

La otra extrabajadora, que en el momento de los hechos ejercía como representante de la empresa, ha negado los cargos y señalado que no se le informó directamente sobre el asunto.

Uno de los repartidores implicados en la contratación se inscribió en la plataforma de Uber Eats con una identidad falsa, usando la tarjeta de residencia de otra persona que obtuvo a través de un intermediario en internet.

La otra le dijo a los investigadores que Uber aceptaba a personas que como ella se quedaban en el país tras vencer su permiso.

Un representante de Uber Eats dijo en un comunicado que la compañía "se toma muy en serio cualquier uso no autorizado de la plataforma y ha dado una serie de pasos para reforzar los procesos de contratación de los potenciales repartidores".

Agregó que la compañía "coopera plenamente con las autoridades en este tema", según el texto, al que tuvo acceso Efe Dow Jones.

Los servicios de comida a domicilio han crecido en Japón durante la pandemia ante los restricciones comerciales, especialmente a bares y restaurantes, y los llamamientos a permanecer en casa.

Al mismo tiempo, algunos trabajadores extranjeros en Japón que perdieron sus empleos pero no pudieron volver a sus países de origen han seguido en el país sin visado y han continuado trabajando.

En 2020, el Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio detectó 184 casos vinculados a la contratación de personas en estas circunstancias o que ejercían una actividad distinta a la permitida por su estatus de residencia, algo ilegal en el territorio.