"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su profunda preocupación por los hechos recientes en los que las libertades políticas, civiles y de libre expresión están siendo agredidas en Nicaragua", declaró el presidente de la comisión, el senador Eduardo Ramírez, al leer el pronunciamiento.

A menos de cinco meses de que sean las elecciones generales en las que el presidente Ortega busca la reelección, Nicaragua vive una ola de arrestos contra líderes opositores que incluye a cinco aspirantes presidenciales, históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, activistas y empresarios.

La Comisión Permanente del Congreso de México, que incluye al Senado y a la Cámara de Diputados por ser periodo extraordinario, "valoró" la decisión del Ejecutivo de llamar este lunes a consultas al embajador del país en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera.

"(Esto) para conocer el estado de las acciones políticas-legales realizadas por el gobierno de ese país que han puesto en riesgo la integridad y libertad de representantes de la oposición, activistas y personalidades de la sociedad civil nicaragüense", expuso el pronunciamiento.

Pese a las declaraciones, México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la "no intervención en asuntos internos".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha profesado su política de "no intervención" y "libre determinación de los pueblos" en otros asuntos internacionales.

En esa sintonía, "la Comisión Permanente hace votos para que el pueblo nicaragüense recupere los espacios políticos para la reconciliación, la paz interna y el respeto a los derechos humanos", según el senador Ramírez.

El Congreso también hizo votos para "que se generen las condiciones para que la elección general del 7 de noviembre, se celebre de forma libre, legal, incluyente, transparente y pacífica".

En los comicios, Ortega se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense y, de ganar su tercera reelección consecutiva, el sandinista garantizaría su cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.