El otro colegislador de la UE, la Eurocámara, ya dio la semana pasada luz verde a la legislación, por lo que se puede proceder a su firma y a la publicación en el boletín oficial de la Unión Europea.
La ley entrará en vigor 20 días después de su aparición en el boletín.
El texto no fija objetivos vinculantes por país, sino que la UE asume esa reducción de al menos el 55 % para 2030 de manera colectiva, un peaje para lograr el visto bueno de países carboneros del este como Polonia, Hungría o Eslovaquia.
La consecución de ese compromiso legal, que sirve de cimientos al Pacto Verde Europeo, deberá ahora articularse a través de unas 50 revisiones legislativas que abarcan desde el mercado de emisiones de CO2 al impulso de los vehículos eléctricos, la fiscalidad verde o el desarrollo de tecnologías como hidrógeno limpio y nuevos materiales más sostenibles.
La Comisión Europea tiene previsto presentar el 14 de julio un paquete legislativo con propuestas para lograr esa reducción del 55 % en la próxima década, un porcentaje superior al 40 % establecido hasta ahora.
El texto legal, además, introduce la obligación de marcar un objetivo intermedio en 2040.
La Comisión publicará la cantidad máxima estimada de emisiones de gases de efecto invernadero que los Veintisiete pueden producir entre 2030 y 2050 sin poner en riesgo los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo de París sobre el clima.
Ese pacto, suscrito en 2015, pretende limitar el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, con la recomendación de no superar 1,5 grados.
Antes del 30 de septiembre de 2023, y cada cinco años a partir de esa fecha, la Comisión evaluará el progreso colectivo de todos los Estados miembros, así como la coherencia de las medidas nacionales, para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
También se establecerá un consejo científico consultivo europeo sobre cambio climático que proporcionará asesoramiento científico independiente y elaborará informes sobre las medidas adoptadas por la UE, los objetivos climáticos, los presupuestos indicativos de gases de efecto invernadero y la coherencia con la legislación europea sobre el clima y con los compromisos internacionales de la Unión en el marco del Acuerdo de París.