Trump, que no figura por ahora entre los imputados y que denunció el proceso como una "caza de brujas" por parte de los demócratas, ve así como el cerco de la Justicia se estrecha a su alrededor.

Además de la compañía que lleva su nombre, hoy fue acusado uno de sus escuderos más fieles, el director financiero de la firma, Allen Weisselberg, que trabaja desde hace casi medio siglo para el negocio familiar de los Trump.

Tanto la Organización Trump como Weisselberg se declararon no culpables de los cargos que se les imputan, que incluyen conspiración para defraudar, fraude fiscal o falsificación de documentos, entre otros.

LA ACUSACIÓN

En un pliego de 25 páginas hecho público hoy, los fiscales detallan cómo entre 2005 y mediados de 2021 la empresa operó supuestamente un sistema con el que pagaba a Weisselberg y otros ejecutivos "por debajo de la mesa", dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que se pudiese limitar el pago de impuestos, tanto por parte de los individuos como de la propia compañía.

"Para decirlo sin rodeos, este fue un plan de pagos ilegales generalizado y atrevido", aseguró en nombre de la Fiscalía Carey Dunne durante la vista en la que se presentaron los cargos.

Según las autoridades, Weisselberg fue uno de los principales beneficiarios de esta trama, al recibir hasta 1,7 millones de dólares en compensación por los que no pagó impuestos, aunque no el único, pues también señalan a un miembro de su familia y a al menos otros dos empleados de la compañía.

La Organización Trump, según se alega, pagaba a esas personas sueldos más reducidos -con lo que reducía sus impuestos de plantilla- y a la vez les ofrecía compensaciones al margen que no se notificaban adecuadamente a las autoridades.

Entre otras cosas, Weisselberg y otros ejecutivos habrían obtenido alojamiento, matrículas para colegios privados y pagos en efectivo para cubrir todo tipo de gastos personales.

El jefe financiero de la organización, que quedó en libertad tras comparecer ante el juez y entregar su pasaporte, está acusado de hurto mayor por supuestamente haber escondido ese tipo de ingresos al fisco.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Los cargos dados a conocer hoy son los primeros en el marco de la sonada investigación que se lleva a cabo en Nueva York sobre los negocios de Donald Trump, pero no está claro que vayan a ser los últimos.

"Esta investigación continuará, y seguiremos los hechos y la ley donde sea que nos lleven", aseguró en un comunicado la fiscal general del estado, Letitita James, que colabora en el caso con el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance.

Según han informado varios medios, los fiscales han estado tratando de lograr la cooperación de Weisselberg, quien podría estar en una posición inmejorable para testificar en contra de Trump.

Pero incluso si no accede, se espera que durante el proceso en su contra puedan surgir nuevas informaciones o pistas que desemboquen en nuevas acusaciones.

Durante casi tres años, los fiscales neoyorquinos han estudiado un amplio abanico de potenciales delitos en el seno de la Organización Trump, que incluyen posibles fraudes de seguros y fiscales y los pagos secretos de dinero que la campaña electoral del magnate hizo a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera pública una supuesta relación sexual con el entonces candidato a la Presidencia.

TRUMP HABLA DE "CAZA DE BRUJAS"

Trump, que siempre ha negado cualquier irregularidad, no tardó hoy en responder a las acusaciones con uno de sus característicos comunicados.

"La caza de brujas política de los demócratas de izquierda radical, con Nueva York ahora asumiendo la tarea, continúa. ¡Está dividiendo a nuestro país como nunca antes!", escribió el exmandatario, en referencia al color político de los fiscales de Nueva York.

Los abogados de su empresa insistieron en esa línea, denunciando que un caso como este, centrado en compensaciones complementarias de empleados de una corporación nunca se habría planteado si esa compañía no llevase el nombre de Trump.

"Vamos a ganar este caso, pero este caso nunca debería haberse presentado. Es una persecución política", dijo una de las letradas a los periodistas tras la vista judicial.