Varios periodistas que se habían congregado en la céntrica avenida Rustaveli para cubrir el evento fueron agredidos por los manifestantes contrarios a la marcha y al menos cuatro informadores tuvieron que ser hospitalizados.

"La marcha ha sido cancelada por motivos de seguridad", se afirma en una declaración pública de sus organizadores, que acusaron a los contramanifestantes de "declarar la guerra a la sociedad civil, a los valores democráticos y a la política prooccidental de Georgia".

Al mismo tiempo, los organizadores arremetieron contra el primer ministro del país, Irakli Garibashvili, que afirmó que la Marcha de Dignidad era apoyada por el expresidente georgiano y líder de la oposición, Mijaí Saakashvili, actualmente exiliado en Ucrania, declaración que calificaron de "vergonzosa".

En una reunión del Gabinete de Ministros, Garibasvili propuso celebrar la marcha "en otro lugar debido al peligro de una confrontación civil".

"Cada persona tiene derecho a expresar su opinión", declaró este martes la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, quien recalcó que los miembros de la comunidad LGBT tienen los mismos derechos constitucionales que todos los ciudadanos, algo que "es muy importante para el país y para su unidad".

Entre los manifestantes anti-LGTB había hoy muchos miembros del clero ortodoxo, que hacían llamamientos a poner fin a la violencia y al mismo tiempo proclamaban que no permitirán una "Sodoma y Gomorra" en Georgia.

La Iglesia ortodoxa georgiana (autocéfala), defensora de los valores tradicionales y la institución más prestigiosa del país según los sondeos, había condenado los planes de celebrar la Marcha de la Dignidad.

De acuerdo con el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Europe), Georgia ocupa el puesto 32 de 49 países europeos en cuanto al respeto a los derechos de este colectivo y la lucha contra la discriminación.

La realidad diaria de este colectivo muestra un sentimiento anti-LGBT muy arraigada aún en la sociedad de ese país caucasiano, que en 2019 aún ocupaba el puesto 25 en el ránking de ILGA.