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"La decisión es considerada como un castigo a 5 millones de personas en el norte y este de Siria, y una confirmación clara de que hay algunas partes que están explotando políticamente la situación humanitaria", denunció en un comunicado la autoproclamada Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES).
El órgano de Naciones Unidas aprobó ayer extender un año más la entrada de ayuda humanitaria desde Turquía a la provincia noroccidental siria de Idlib, el último bastión opositor del país, el único por el que actualmente la ONU envía asistencia sin pasar por las manos del Gobierno de Bachar al Asad.
Sin embargo, los kurdosirios, que gobiernan de facto amplias zonas del noreste también fuera del control de Damasco, demandan la reapertura del paso fronterizo de Al Yarubiyah, por el que entraba ayuda del organismo a sus zonas desde Irak y que el Consejo de Seguridad cerró en enero de 2020.
"Hacemos hincapié en que no estamos en contra de la entrega de ayuda humanitaria al pueblo sirio por ningún cruce, pero estamos en contra de los dobles raseros y la gran amenaza a la situación humanitaria", sentenció la AANES en su nota.
La Administración argumentó que en las zonas bajo su control hay más de 15 campamentos de refugiados y desplazados, entre ellos extranjeros y decenas de miles de sirios que tuvieron que abandonar sus hogares por la "ocupación" de diversos territorios septentrionales por parte de Turquía.
Asimismo, recordó que el paso fronterizo que ayer recibió luz verde del Consejo de Seguridad está controlado por el "Estado de ocupación turco" -que apoya a grupos armados opositores en el noroeste- y los islamistas del Organismo de Liberación del Levante, en el que se incluye la exfilial siria de la red Al Qaeda.
Las fuerzas kurdas, por su parte, fueron una pieza clave en la derrota del grupo yihadista Estado Islámico, agregó la AANES.
"Las instituciones de la ONU son principalmente responsables de esta decisión y de sus consecuencias, que es sobre todo una decisión política. Exigimos que se reconsidere esta decisión injusta", concluyó la autoridad autónoma.