Pese al aumento del recuento de víctimas y detenciones, la ministra en funciones de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, confirmó en una rueda de prensa que todas las zonas afectadas están “gradual pero firmemente” volviendo a la normalidad y que el Ejecutivo considera que la situación está ya “totalmente estabilizada”.
La región más afectada por el estallido de violencia es la oriental provincia de KwaZulu-Natal, donde el balance de muertos sube a 180 y el de detenidos a 1.692.
Allí, la situación es aún "tensa", según Ntshavheni.
En el otro gran epicentro de los disturbios, la provincia de Gauteng (donde están Johannesburgo y Pretoria), los arrestos se cifran en 862 y las víctimas mortales en 32.
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“El número de soldados desplegados se incrementó hasta 25.000”, confirmó también la ministra, antes de informar de que esta noche, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, dirigirá un mensaje a la nación.
En declaraciones a la prensa esta mañana al visitar por primera vez las zonas devastadas en torno a la ciudad de Durban (este), Ramaphosa afirmó que "está bastante claro que todos estos incidentes de agitación y saqueos fueron instigados, hubo instigadores, hubo gente que los planeó y los coordinó".
"Sí, podríamos haberlo hecho mejor pero estábamos sobrepasados", admitió el mandatario, antes de asegurar que los presuntos responsables últimos están ya siendo identificado y localizados.
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En concreto, el Gobierno informó de que hay doce sospechosos principales por instigar la violencia -de los cuales uno ya ha sido detenido-, si bien las identidades no se han revelado para no comprometer las investigaciones.
La oleada de incidentes comenzó el pasado 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por desacato judicial después de negarse repetidamente a declarar por corrupción.
En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo- y tornaron en una caótica oleada de disturbios y saqueos masivos, con turbas arrasando centros comerciales y tiendas, quemando edificios y vehículos y cortando carreteras y calles.
El estallido de violencia se veía así alentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de covid-19.
Aunque las autoridades no han señalado aún públicamente a presuntos culpables, los medios locales colocan en el centro de las investigaciones de la instigación de la violencia a familiares, exespías y veteranos antiapartheid militarizados afines a Zuma.
El propio presidente sudafricano comparó el lunes pasado la magnitud de estos incidentes con los niveles de violencia que la nación austral vivió a principios de los años 90, durante la convulsa transición entre el sistema de segregación racista del “apartheid” y la llegada de la democracia (1994).