La Policía salvadoreña arrestó a cuatro exfuncionarios de los Gobiernos del FMLN y a un exdiputado por supuestamente ser parte de la malversación de 351 millones de dólares atribuida al expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Se trata de Violeta Menjívar, exministra de Salud; Erlinda Hándal, exviceministra de Ciencia y Tecnología; Hugo Flores, exviceministro de Agricultura; Carlos Cáceres, exministro de Hacienda; y el exdiputado Calixto Mejía.
"Todo lo que estamos viendo ahora tiene en el fondo el propósito de callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición, chantajear la diferencia y sobre todo, lo que nunca pensamos que volvería a El Salvador, la persecución política", dijo Ortiz en una conferencia de prensa.
Añadió: "Lo que en nuestro país ha comenzado a consolidarse es una violación sistemática a los derechos civiles, políticos y humanos de nuestras familias y nuestras comunidades".
A juicio de Ortiz, vicepresidente durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), "esta operación está dirigida a confundir, manipular y sobre todo a ocultar la corrupción masiva de los últimos años".
"Los corruptos quieren convertirse en los que puedan dictar las reglas de la transparencia", dijo y agregó que en el país "se está consumando es una dictadura" con el Ejecutivo de Nayib Bukele.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, anunció que ordenó la detención del expresidente Sánchez Cerén por supuestamente recibir 530.000 dólares en pagos irregulares provenientes de fondos estatales cuando era vicepresidente de Funes (2009-2014), quien vive en Nicaragua desde 2016 y recibió la nacionalidad de ese país.
Sánchez Cerén se convierte así en el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción.
El nombramiento del fiscal Delgado, otrora abogado del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y exasesor del Gobierno actual, es cuestionado por diversos sectores por supuestamente no seguir el debido proceso.
La Asamblea Legislativa de amplía mayoría oficialista que asumió el 1 de mayo pasado destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al entonces fiscal general Raúl Melara, decisión cuestionada por la comunidad internacional.