El Undécimo Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en Atlanta, dio así marcha atrás a una decisión del sábado pasado que prohibía que se hicieran cumplir las restricciones impuestas a la industria naviera por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
En abril, el gobernador DeSantis y la fiscal general de este estado, Ashley Moody, entablaron una demanda contra el Gobierno y señalaron que los requerimientos para navegar de los CDC "excedían" la autoridad de esta agencia federal.
La decisión previa de Atlanta fue en respuesta a un pedido del Gobierno federal para suspender la orden de junio del juez federal Steven Merryday, que a partir del 18 de julio bloqueaba las restricciones fijadas por los CDC para los cruceros estadounidenses.
Merryday señaló en ese entonces que la orden de "navegación condicionada" de los CDC, de octubre del año pasado, ya no era sobre una "amenaza de salud" ni menos al nivel de cuando empezó la pandemia, teniendo en cuenta las tasas de vacunación, las cifras de casos y la efectividad de las medidas de prevención.
Sin embargo, el Departamento de Justicia alegó luego ante el tribunal de apelaciones la existencia de "evidencia indiscutible" que muestra que las operaciones de cruceros "no reguladas" exacerbarían la propagación de la covid-19 y aseguró que las normativas de los CDC "no cierran la industria de cruceros", sino que proporcionan un marco sensible y flexible para la reapertura".
El dictamen del tribunal de apelaciones llega cuando los nuevos casos de la covid-19 y las hospitalizaciones en Florida se han disparado otra vez.
Más de 73.000 casos de la covid-19 y 78 muertes fueron reportados durante la última semana, tres veces más de incidencia del virus que hace dos semanas, mientras la tasa de casos positivos subió a más de 15 %.
Ocurre después de que Florida había presentado una petición de emergencia ante la Corte Suprema pidiendo que levantara la orden de la corte de apelaciones.
El estado de Florida enfrenta otra demanda por una medida que prohíbe a las empresas, entre ellas los cruceros, exigir certificados o pasaportes de vacunación a sus clientes.
Norwegian Cruise Line, que rechaza esa ley, entabló la semana pasada una demanda judicial contra el estado de Florida.