A su llegada al poder a finales de 2019, Said reconoció que esta medida era "anticonstitucional" y se comprometió a limitarla exclusivamente a la lucha contra el terrorismo. La última vez que se decretó fue el pasado mes de diciembre por un periodo de otros seis meses en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus, cuyo balance oficial asciende a 558.000 positivos y 18.052 fallecidos.
Esta iniciativa otorga poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, permitiendo, entre otras cosas, limitar el movimiento de la población o prohibir manifestaciones o huelgas susceptibles de derivar en desórdenes sin aprobación judicial previa.
Unas prerrogativas "exorbitantes", aseguran las organizaciones de derechos humanos, que temen una regresión de los avances adquiridos desde la llamada "Revolución de los Jazmines" en 2011, que concluyó con la huida del dictador Zinedin el Abedin Ben Ali.
Asimismo denuncian "abusos" como registros domiciliarios, perturbación de eventos culturales, vigilancia de los medios de comunicación y control de su contenido.
Los grupos yihadistas Jund al Jilafa (Soldados del Califato), afín al autoproclamado Estado Islámico (EI), y la brigada Okba Ibn Nafaa, rama local de la organización terrorista Al Qaeda, se han instaurado en esta zona montañosa limítrofe con Argelia e instalan multitud de minas para atacar a las fuerzas de seguridad.
Las autoridades tunecinas desarticularon el pasado año al menos 33 células de ideología takfirista y detuvieron a un total de 1.020 individuos por pertenecer a organizaciones terroristas.
Además llevaron a cabo 48 operaciones en las que eliminaron a nueve supuestos terroristas, mientras que otras 876 personas comparecieron ante el tribunal especializado en la lucha antiterrorista y el crimen organizado, de las cuales 112 fueron condenadas a prisión.
Túnez vivió en 2015 una cadena de tres atentados en la capital y en Sousse que segó la vida de 72 personas, sesenta de ellas turistas extranjeros y doce miembros de la Guardia Presidencial. Los ataques, que hundieron el turismo, uno de los principales sectores del país sumido en una grave crisis económica, fueron reivindicados por una rama salafista radical local vinculada al Estado Islámico.