"La Constitución no me da la posibilidad de disolverlo (Parlamento) pero no me impide suspenderlo", defendió el mandatario al término de una reunión urgente con altos cargos del Ejército y de las fuerzas de seguridad.

Said aseguró que asumirá la presidencia del Ejecutivo con ayuda de un nuevo primer Ministro, que él mismo nombrará, durante el periodo de transición.

El presidente defendió hacer uso del artículo 80 de la constitución que recoge que "en caso de peligro inminente que amenace la nación, la seguridad o la independencia del país y obstaculice el funcionamiento regular de los poderes públicos, el presidente de la República puede tomar las medidas necesarias ante las circunstancias excepcionales tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento".

Según dicho texto, el objetivo es garantizar el regreso a un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible" mientras que el Tribunal Constitucional- pendiente de creación desde 2015- debe supervisar dicho proceso y tomar la decisión con respecto a su extensión.

"Aunque la constitución recoge las condiciones, no queríamos llegar a esto (...) El pueblo hoy continúa su revolución en el marco de la legitimidad y trabajaremos para aplicar la ley sobre todo el mundo", añadió el dignatario y antiguo profesor de Derecho Constitucional.

En declaraciones a la radio local "Mosaïque FM", uno de los principales líderes del partido islamista Ennahda, socio del Gobierno, Ali Al-Arayedh, calificó esta decisión de "golpe de Estado contra las instituciones del Estado".

La decisión se produce después de que miles de ciudadanos protestaran en varios puntos del país para reclamar la dimisión del Gobierno y la disolución del Parlamento por su mala gestión de la crisis sanitaria y por el deterioro de las condiciones de vida lo que provocó enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, que recurrieron al uso de gases lacrimógenos para su dispersión.

En varias localidades, como Kairouan (centro), Sfax (centro-este) y Tozeur (suroeste), los protestantes atacaron diferentes sedes regionales del partido islamista Ennahda, primera fuerza parlamentaria y socio del Gobierno, tras reclamar millonarias indemnizaciones para las víctimas de la dictadura.

Desde comienzos de año el país magrebí vive un bloqueo institucional después de que el Parlamento apoyara la remodelación del Ejecutivo, con cambios en once de sus 25 carteras, y de que el presidente, Kais Said, se negara a aceptarla al considerar que no fue consultado previamente y debido a las sospechas de conflicto de intereses que planean sobre algunos de los nuevos miembros.

La grave crisis económica que arrastra el país en los últimos años, agravada por la epidemia, ha obligado al Gobierno tunecino a pedir ayuda a la comunidad internacional ante la falta de vacunas y de equipos médicos para hacer frente a esta cuarta ola de coronavirus, que suma ya más de 18.000 víctimas, la tasa más alta de mortalidad del continente según la Organización Mundial de la Salud.