En víspera del Día Mundial contra la Trata, la FIIAPP -fundación de la cooperación española para la mejora de políticas públicas en el mundo- ha iniciado esta campaña a través del programa EUROSOCIAL+ y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para subrayar la necesidad de contar con más medios para detectar e investigar a esos funcionarios.

Pueden ser un empleado que falsifica un documento de identidad para hacer pasar a una niña por mayor de edad; un guardia que facilita que los proxenetas y sus víctimas crucen ilegalmente las fronteras; un técnico municipal que otorga una licencia de hostelería a un prostíbulo; un fiscal que avisa a grupos criminales antes de una intervención judicial...

"La trata de niñas y mujeres para ser explotadas sexualmente no sería posible sin la complicidad de empleados públicos que miran a otro lado, posibilitan, facilitan y, a veces, hasta controlan la actividad de los grupos criminales de trata", explica en un comunicado Sonia González, coordinadora de Gobernanza Democrática del Programa EUROSOCIAL+ en la FIIAPP.

El trabajo conjunto ha puesto de manifiesto la necesidad fortalecer la capacidad de análisis de las fiscalías y de reforzar los mecanismos de denuncia anónima y de protección de denunciantes.

En la AIAMP participan las Fiscalías de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Según los datos facilitados por la FIIAPP, el 64 % de los casos de trata en América Latina están vinculados a la explotación sexual, porcentaje que asciende al 81 % en Centroamérica.

Y tres de cada cuatro víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas. En todo el mundo, 1,7 millones de ellas son sometidas por estas redes delictivas cada año.