Según un documento entregado el sábado a la jueza Lucy Koh de San José (California, EE.UU.) al que tuvo acceso Efe, las partes aceptaron un acuerdo por el que cada cliente que se haya visto afectado por la supuesta violación de sus derechos se llevaría entre 15 y 25 dólares, sin necesidad de ser uno de los querellantes originales.

El resto del dinero se destinará a pagar costos de administración y los honorarios de los abogados.

La demanda colectiva, presentada el año pasado, acusa a Zoom de haber infringido las leyes que protegen la privacidad de los usuarios al compartir sus datos con gigantes tecnológicos como Google y Facebook.

Además, los querellantes consideran que Zoom no hizo lo suficiente para proteger a los internautas ante la irrupción de participantes que no habían sido invitados a las reuniones, una práctica conocida como "Zoombombing" y que fue muy prevalente en los primeros meses de la pandemia de covid-19.

La plataforma de videoconferencias experimentó un crecimiento sin precedentes con la llegada del coronavirus y la consiguiente transición al trabajo y la educación remotos, pasando de ser una herramienta fundamentalmente usada por universitarios a ubicua en prácticamente todos los sectores.

A mediados de julio, la firma de San José firmó un acuerdo para adquirir Five9, un proveedor de centros de contacto en la nube, mediante una transacción de acciones valorada en 14.700 millones de dólares (12.493 millones de euros) y que se prevé cerrar en 2022.

Como parte del acuerdo, los accionistas de Five9 recibirán por cada título, 0,5533 acciones ordinarias de Clase A de Zoom, lo que implica un precio por acción de Five9 de 200,28 dólares (170,11 euros), según ha anunciado la compañía estadounidense conocida por su aplicación de videollamadas.

Los consejos de administración de Zoom y Five9 ya han aprobado la transacción.