La remoción de Valenzuela fue justificada por el Ministerio Público en un comunicado de prensa en el que se asegura que el movimiento fue realizado para "garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía" y para "afianzar la continuidad en la efectividad del trabajo realizado".
El efímero cargo de Valenzuela en la FECI lo ocupará el que desde el proceso electoral de 2019 había dirigido la Fiscalía de Delitos Electorales, José Rafael Curruchiche Cucul, señalado por opositores al Gobierno de persecución política.
Además del traslado de Curruchiche de una fiscalía de sección a otra, también fueron nombrados en las fiscalías de Delitos Contra el Ambiente, de Delitos Contra Periodistas y de Delitos Electorales a Yoni Morales Chin, Edgar Rodenas Navarro y Ligia Alfaro Caravantes, respectivamente.
Clara Valenzuela, por su parte, regresará a encargarse de la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, plaza que ostentaba hasta el criticado despido de Sandoval.
El ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró en un pronunciamiento en redes sociales que Consuelo Porras "no tolera fiscales independientes en su función, los prefiere sumisos, con lo cual socava al sistema de justicia e incrementa la desconfianza nacional e internacional en la lucha contra la corrupción e impunidad".
Desde la destitución de Sandoval, el pasado viernes 23 de julio, la población ha manifestado su descontento al considerarlo un alfil necesario en contra de la corrupción en Guatemala, e incluso organizó sendas manifestaciones en la vía pública, incluyendo un paro nacional el pasado jueves al interior del país coordinado por sectores indígenas que pidieron las renuncias del presidente, Alejandro Giammattei y de Porras.
Sandoval, que en febrero fue galardonado como uno de los "Héroes anticorrupción" por el Departamento de Estado estadounidense, había advertido desde marzo pasado a Efe que el país está en riesgo de una "dictadura" por el irrespeto a las resoluciones judiciales.
El fiscal, de 38 años, fue pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala que tuvo su auge entre 2014 y 2019 de la mano de la jefa del Ministerio Público en aquel momento, Thelma Aldana, y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez.
Las pesquisas comandadas por Sandoval, Aldana y Velásquez destaparon docenas de casos de corrupción estatal, imputando a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios y también a los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).
Este año, ya sin Aldana y Velásquez, el fiscal decía no estar solo en la lucha contra la impunidad en Guatemala porque cuenta con el apoyo de "la sociedad y la comunidad internacional".
Sin embargo, afirmó estar cada vez más preocupado por el avance de los grupos que enfrentó con la Cicig y que han dado paso a que se dejen de obedecer resoluciones cuando no son favorables para sus intereses.
Según una investigación del diario vespertino La Hora, la decisión de remover a Sandoval fue un pedido del presidente Giammattei, a la fiscal general, por posibles investigaciones de la FECI en contra del gobernante.