El reverendo Amilton Gomes confesó esa falsedad al declarar ante una comisión del Senado que intenta establecer si el Gobierno de Jair Bolsonaro tiene alguna responsabilidad en el agravamiento de una pandemia que ya le ha costado la vida a casi 560.000 brasileños.
Gomes formó parte de un grupo integrado por un cabo de Policía, algunos coroneles y activistas de ultraderecha que negoció con el Ministerio de Salud unas 400 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, que en realidad no tenía.
El grupo decía representar a la empresa estadounidense Davati, que a su vez garantizaba las vacunas, pese a que AstraZeneca ha negado que haya tenido algún tipo de contacto con esa firma.
La operación, cada vez más rocambolesca a medida que surgen nuevos detalles, fue paradójicamente revelada por el cabo Luiz Dominguetti, miembro del grupo, quien acusó a un funcionario del Ministerio de Salud de exigirle una comisión de un dólar por dosis para cerrar el negocio, que finalmente no se concretó.
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Algunas comunicaciones dirigidas al Gobierno fueron enviadas por la Secretaria Nacional de Asuntos Humanitarios (Senah), organismo religioso fundado por Gomes que, en sus documentos oficiales, usa emblemas de la ONU y otras entidades nacionales sin autorización.
Gomes no supo explicar eso ni cómo llegó a las autoridades de Salud con la oferta de vacunas y negó conocer a integrantes del Gobierno, pese a que la comisión obtuvo fotos suyas con ministros y con el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro.
Entre continuas contradicciones, rompió a llorar, dijo que fue “usado con fines espurios” y pidió “perdón”, pero sin esclarecer nada.
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Esas confusas tratativas son apenas uno de los múltiples objetos de investigación de la comisión del Senado, que ya halló indicios de corrupción vinculados a la pandemia y relevó presiones del Gobierno en favor de medicamentos sin eficacia alguna.
También ha identificado presuntas omisiones del presidente Jair Bolsonaro frente a algunas irregularidades, por las que la Fiscalía General, con aval de la Corte Suprema, inició una investigación contra el mandatario por presunta prevaricación.