El gobierno dará hasta 82.000 dólares australianos (60.615 dólares estadounidenses o 51.219 euros) a los aborígenes afectados en el Territorio Norte, el Territorio de la Capital Australiana y de la Bahía Jervis (en el estado de Nueva Gales del Sur), una medidas que se suma a las anteriores indemnizaciones ofrecidas por el resto de regiones que conforma el país.
"Lo que ocurrió es un capítulo vergonzoso de nuestra historia", dijo Morrison ante el Parlamento de Camberra, al anunciar la implementación de un plan para terminar con las grandes desventajas que sufre la población aborigen, que representa un 3,3 por ciento de los más de 25 millones de habitantes de Australia.
Las indemnizaciones suponen uno de los gestos oficiales más importantes desde que el primer ministro laborista Kevin Rudd pidiera perdón en 2008 a la "Generación Robada" en nombre de la nación.
"Este anuncio refleja el compromiso del Gobierno de reconocer y admitir los agravios del pasado como parte del camino de la nación hacia la reconciliación, y este plan representa un importante paso adelante hacia la sanación", dijo el ministro de Asuntos Indígenas, el aborigen Ken Wyatt, en un comunicado conjunto con Morrison.
Los indemnizados, cuyo número rondará los 3.600 de supervivientes, tienen además la oportunidad de contar su historia sobre del impacto que tuvieron estas prácticas en sus vidas a un funcionario designado y recibir una disculpa personal o mediante una carta.
Se calcula que unos 100.000 menores indígenas australianos de la Generación Robada fueron separados de sus familias entre 1910 y 1970 y entregados para su educación a familias blancas o instituciones como parte de la pasada política de la "Australia Blanca" que buscaba asimilar a las minorías.
Los aborígenes australianos han sido víctimas de constante maltrato desde la colonización, además de desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente, y muchos de ellos viven en situación de pobreza y desigualdad.
La Constitución australiana, que data de 1901, no menciona ni reconoce a los aborígenes ni a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros habitantes del país, aunque en los últimos años crece un movimiento civil para reconocer sus derechos naturales.