El acuerdo de ambas organizaciones "tiene como objetivo facilitar soluciones integrales y la protección del derecho al trabajo decente de las personas refugiadas y migrantes", indica un comunicado difundido hoy por esa agencia de Naciones Unidas.
Firmado por Elena Montobbio, directora adjunta de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, y Giovanni Bassu, representante de ACNUR en Ecuador, el documento busca además "la colaboración estrecha con el Gobierno y organizaciones de empleadores y trabajadores".
Todo ello "para la creación, fortalecimiento y adaptación de políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y migrantes accedan a empleo, autoempleo y a otros esquemas de protección social adecuados y sostenibles".
Desde que comenzó la crisis venezolana se han radicado en el país unos 450.000 migrantes según datos oficiales y 600.000 según recuentos alternativos de organismos locales e internacionales.
La pandemia los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad porque suelen trabajar en la informalidad, lo que ha despojado a muchos de todo ingreso.
En el país andino también hay una población refugiada de unas 60.000 personas, la mayoría del conflicto colombiano.
"Este acuerdo llega en un momento muy sensible para las poblaciones en movilidad, siendo uno de los grupos más afectados por las consecuencias de la pandemia y crisis económica", afirmó Montobbio.
Y agregó que "entre estas personas y el trabajo se alzan varios obstáculos de carácter legal, administrativo y social", porque cuando finalmente encuentran un trabajo éste se halla frecuentemente en el sector informal en los que sus derechos no suelen ser respetados.
"Este acuerdo es una gran oportunidad para mejorar las condiciones y perspectivas laborales de las personas en situación de movilidad humana y las comunidades que las acogen. No solo para contribuir en su calidad de vida, sino también para fomentar la inclusión y la igualdad de trato al momento de acceder a un empleo", destacó Bassu en ese sentido.
El convenio permitirá a ambas organizaciones trabajar conjuntamente en procesos de recolección de datos, análisis e intercambio de información sobre la población refugiada y migrante, con el objetivo de apoyar al Estado ecuatoriano en el diseño de políticas y programas de integración socioeconómica más efectivos e inclusivos.
En el marco de esta alianza, ACNUR y la OIT focalizarán sus esfuerzos en actividades como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones y transversalización del enfoque de movilidad humana, género, diversidad y edad, en sus normas técnicas, procedimientos y servicios.
En esa misma línea, buscarán incidir en los entes rectores, instituciones de educación superior e institutos tecnológicos para la eliminación de barreras, facilitación de reconocimiento, homologación o reválida de títulos.
Otro de los objetivos es la capacitación tanto a funcionarios públicos como a personal de instituciones privadas sobre los derechos laborales de las personas refugiadas y migrantes, además de impulsar la agenda de la integración desde las ventajas y oportunidades que pueden traer para el desarrollo económico empresarial en Ecuador.