La solicitud fue presentada formalmente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por parte de Joseph, a través de una carta fechada el 3 de agosto de 2021, aunque no se ha indicado si ha habido respuesta oficial a la petición.
Según un comunicado de prensa emitido por la embajada de Haití en la República Dominicana, la asistencia solicitada a la organización consistirá, por una parte, "en la formación de una comisión internacional de investigación en apoyo a los trabajos" que llevan a cabo los órganos haitianos responsables de las pesquisas.
Por otra, supondrá "la creación de un tribunal especial para el enjuiciamiento de los presuntos culpables", tal y como se conformó "para el Líbano en 2005, tras el ataque terrorista del 14 de febrero de 2005 que causó la muerte de 22 personas", incluido el primer ministro Rafik Hariri, y que dejó decenas de heridos.
“En nombre de la solidaridad caribeña, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Haití también solicita el apoyo de Comunidad del Caribe (Caricom) mediante otra carta dirigida al presidente de la Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno, Gaston Browne.
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La Cancillería de Haití considera que el asesinato del presidente Moise, cuyas acciones también causaron heridas graves a la primera dama, Martine Moise, “constituye un crimen internacional por la presunción de la participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación e implementación del ataque”, dice la nota.
El magnicidio fue cometido, según las pesquisas, por un comando de 26 mercenarios que en la madrugada del 7 de julio irrumpieron en la residencia presidencial sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la residencia privada del mandatario en Puerto Príncipe.
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En su última conferencia de prensa, la Policía haitiana declaró esta semana que 44 personas están detenidas por el magnicidio, entre ellas 12 policías, algunos por su grado de responsabilidad y otros por su implicación directa en el asesinato de Moise, quien estaba en el cargo desde febrero de 2017.
Entre los arrestados también figuran 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidenses.
Las autoridades se han incautado de 45 armas de fuego, cientos de municiones y tres granadas en el marco de la investigación, en la que colaboran autoridades colombianas y estadounidenses.