El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, dijeron en un comunicado conjunto que algunos de los actos que han tenido lugar recientemente en ese país "podrían constituir crímenes de guerra y deberán ser investigados" y que sus responsables deberán "rendir cuentas".

En particular se refirieron al ataque armado contra la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) que provocó la muerte durante las últimas 24 horas de al menos 40 civiles y de otros 118 heridos.

También mencionaron el ataque contra la residencia de Kabul del ministro de Defensa, Bismillah Mohammadi, que mató a ocho personas e hirió al menos a otras veinte.

"La UE pide un alto el fuego urgente, completo y permanente para dar una oportunidad a la paz", indicaron.

"La ofensiva militar de los talibanes está en contradicción directa con su compromiso de lograr una solución negociada del conflicto y el proceso de paz de Doha", indicaron Borrell y Lenarcic, que alertaron de que la violencia está provocando también una ola de desplazados.

La UE denunció que las violaciones de los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos continúan sacudiendo el país, en particular en las zonas controladas por los talibanes, incluyendo ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, azotes públicos de mujeres y la destrucción de infraestructuras.

Los combates por el control talibán de esta ciudad se producen en medio de un incremento de la violencia por parte de los insurgentes, que tras el inicio de la última fase de la retirada de las tropas extranjeras el pasado 1 de mayo, se han hecho con el control de unos 125 centros de distrito, el mayor logro en dos décadas de guerra.

Solo en la meridional ciudad de Lashkargah, al menos 5.000 familias (35.000 personas) abandonaron sus hogares huyendo de la violencia, y en las pasadas dos semanas, unas 14.000 familias fueron registradas como desplazadas en varias partes del país azotadas por los combates.