El Gobierno español mantiene que no es posible obligar a alguien a vacunarse, mientras las regiones, que gestionan la sanidad, piden medidas ante nuevos brotes de covid-19 en residencias de ancianos.

Este domingo se conocía el primer caso de un municipio en el país que exige estar vacunado para poder trabajar en una guardería, pero con el temor a que suceda como con el pasaporte covid-19, que en España solo ha logrado implantar una región mientras en otras lo echaron para atrás los tribunales.

POSIBLES ALTERNATIVAS

Ante esas decisiones judiciales contradictorias, la ministra española de Justicia, Pilar Llop, abogó este domingo por una unificación de las medidas restrictivas que adoptan las regiones para luchar contra la pandemia.

Algo en lo que insistió también el responsable de Justicia en el Gobierno regional de Madrid, Enrique López, en demanda de una ley nacional que determine la obligatoriedad o no de las vacunas y del pasaporte covid, para acabar con esa disparidad de decisiones judiciales.

El Ministerio de Sanidad español insiste en que la actual legislación impide obligar a vacunarse, por lo que descarta imponer la vacunación a sanitarios y sociosanitarios, pero estudia alternativas como traslados forzosos de puestos de trabajo o dos pruebas PCR semanales a los que no quieran la vacuna.

La región de Galicia (noroeste) intentó imponerla, pero topó con el rechazo del Tribunal Constitucional español, lo que no disuade a otras regiones, al menos cinco, que estudian alguna vía para obligar a vacunarse.

El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias del país, Fernando Simón, se ha mostrado contrario tanto a la vacunación obligatoria para cualquier colectivo como a la exigencia de un certificado covid para permitir la movilidad o acceder a bares y restaurantes, recintos deportivos o culturales y otros lugares.

Simón argumenta que la vacunación ya es de casi el cien por cien en residencias de ancianos y que el certificado está chocando con resoluciones judiciales en contra, al restringir derechos fundamentales como la libertad de movimientos, pues lo ha tumbado por ejemplo en Melilla, ciudad española en el norte de África donde el Gobierno local pretendía exigirlo para poder entrar en ella.

En medio de este debate, este domingo la cadena de televisión La Sexta informaba de que el municipio de Tous (este) ha convocado dos plazas para trabajar en la guardería municipal para las que se exige estar vacunado, medida que un sindicato ha recurrido al considerarla inconstitucional.

APENAS PASAPORTE COVID

Los antivacunas son pocos en España comparado con las protestas de los últimos días en otros países como Alemania, Francia e Italia, pues casi el 60% de la población española tiene la pauta completa y el país avanza hacia el objetivo de llegar al 70 este mes.

Y apenas se aplica la exigencia de pasaporte covid para el acceso a determinados lugares, por ahora solo en Galicia, pues otras regiones que pretenden imitarla, casos de Andalucía (sur), Canarias (Atlántico) y Cantabria (norte), ven de momento que la Justicia no lo avala.

Una situación que contrasta con el resto de Europa, donde alrededor de una veintena de países lo exigen para el acceso incluso a piscinas, hoteles, cines o museos.

Aunque estaba pensado para la movilidad entre países de la Unión Europea, este certificado que garantiza que se está vacunado, se ha dado negativo en una prueba de detección o se ha pasado la enfermedad, se ha ido extendiendo en la vida diaria de buena parte del continente.

España se encuentra en un nivel considerado de riesgo extremo de la enfermedad, en una quinta ola de contagios que ha elevado a 4.588.132 los positivos y a 82.006 los fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia.