La granjera Helen Macdonald, que importó la alpaca -conocida como Geronimo- desde Nueva Zelanda en 2017, sostiene que las pruebas son inexactas y están arrojando falsos positivos, por lo que considera que no hay evidencia suficiente para acabar con la vida del animal.

Macdonald, que estima haber gastado unas 80.000 libras (94.350 euros) defendiendo a la alpaca en una larga batalla judicial, perdió el caso la semana pasada y aguarda ahora en su finca de Gloucestershire (este de Inglaterra) la visita del encargado de sacrificar al animal.

Decenas de personas marcharon este lunes desde la sede londinense del ministerio británico de Alimentación, Medio Ambiente y Asuntos Rurales hasta Downing Street, residencia del primer ministro, para pedir al Gobierno que rectifique y que admita que "está equivocado".

Dominic Dyer, de Born Free Foundation, una de las entidades convocantes de la manifestación, aseguró a Efe que varios activistas se congregaron en la granja y crearon una "barrera humana" frente al mamífero para protegerlo ante la visita inminente de las autoridades.

Más de 100.000 personas han firmado una petición en línea para salvar a la alpaca, de ocho años y pelaje negro, condenada a ser sacrificada bajo "sospecha de enfermedad", en un caso que ha levantado polémica y que ha atraído la atención mediática en el Reino Unido.

El ministro británico de Alimentación, Medio Ambiente y Asuntos Rurales, George Eustice, escribió este domingo en "The Mail on Sunday" que es "desgarrador" tener que sacrificar a animales, pero insistió en que la decisión es correcta para tratar de detener la propagación de enfermedades.

Un mensaje que la propietaria de la alpaca rechaza asegurando que filmará la ejecución del animal con la intención de denunciar su caso en redes sociales a nivel mundial.