Durante este encuentro, Said defendió la legalidad de sus medidas "excepcionales", y aseguró que se trata de una respuesta a las aspiraciones de la ciudadanía en el marco de la crisis política y de la corrupción endémica que sufre el país, informó la Presidencia en un comunicado de prensa.

Asimismo, denunció la difusión de falsas informaciones y rumores sobre la situación real en el país, e insistió en que no existen motivos para preocuparse sobre la libertad y la democracia tunecinas.

Por su parte, Finer transmitió una misiva del presidente de EE.UU.,Joe Biden, de la que no se conoce su contenido, y afirmó que la Administración norteamericana continúa apoyando el proceso democrático y espera "con impaciencia" las próximas etapas del presidente de cara a la formación del futuro Ejecutivo.

El pasado 26 de julio, un día después de declarar el estado de excepción, Said mantuvo una reunión telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la que Estados Unidos recordó su apoyo a Túnez mientras el país se enfrenta a los desafíos de una crisis económica y la pandemia, según un comunicado del Departamento de Estado.

El presidente anunció por sorpresa el cese del jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea durante 30 días así como la retirada de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados "para recuperar la paz social", decisión que el partido islamista Ennahda, principal fuerza del hemiciclo, califica de "golpe de Estado".

Said defendió hacer uso del artículo 80 de la Constitución que le permite tomar medidas "excepcionales" en caso de un "peligro inminente que amenace la nación, la seguridad o la independencia del país".

Desde comienzos de año, el país magrebí vive un bloqueo institucional después de que el Parlamento apoyara la remodelación del Gobierno y de que el presidente se negara a aceptarla, al considerar que no fue consultado previamente y debido a las sospechas de conflicto de intereses que planean sobre algunos de sus miembros.

A eso se añade la crisis económica que arrastra en los últimos años, agravada por la epidemia, que ha obligado al Estado a pedir ayuda a la comunidad internacional ante la falta de vacunas y de equipos médicos para hacer frente a la cuarta ola de la pandemia del coronavirus, que ya ha causado cerca de 620.000 casos y 21.310 muertos.