Detalló que el Juzgado Cuarto de Paz del oriental departamento de San Miguel, perpetrada el 7 de abril de 1981, "constituye delito de lesa humanidad", por lo que "no prescriben, aunque haya ocurrido hace 40 años".

Por este crimen son acusados cuatro militares retirados, de los que se desconoce el paradero de uno y tres fueron detenidos la semana pasada.

El juzgado envío el proceso a la etapa de instrucción por los cargos de homicidio agravado, robo y asociaciones ilícitas, que serán juzgados bajo el Código Penal de 1974, vigente al momento de la masacre que tuvo lugar en San Miguel.

El tribunal decretó la prisión preventiva para José de la Cruz Orellana, mientras que José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polío deberán pagar una fianza de 20.000 dólares cada uno para obtener la libertad condicional.

Ángel Aníbal Alvarado Benítez, otro de los implicados en la masacre, no fue detenido ni se presentó ante la corte.

La fuente indicó que "a todos se les menciona como parte de un grupo denominado como C2, pero que la gente donde sucedieron los hechos lo conocen como parte de un grupo que le llamaban como el escuadrón de la muerte".

Los imputados son acusados de los homicidios de Ángel María Chávez, María Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña y Rogelio de la Cruz Magaña.

La guerra civil salvadoreña se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos y fue hasta 2016 que un fallo de la Sala de lo Constitucional permitió que se investigaran y juzgara los crímenes de lesa humanidad, la mayoría atribuidos al Ejército.

Entre estos casos se encuentran el de san Óscar Arnulfo Romero y la masacre de unos 1.000 civiles desarmados en la remota localidad de El Mozote en 1981.