"Un año después del envenenamiento de Alexei Navalni, la UE sigue pidiendo a Rusia investigar este intento de asesinato con total transparencia y sin demora, y cooperar con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para asegurar una investigación internacional imparcial", indicó Borrell en Twitter.

Al mismo tiempo, reiteró el llamamiento para que Navalni, actualmente encarcelado en Rusia, sea liberado “inmediatamente y sin condiciones”.

En un comunicado, un portavoz de Borrell insistió en que "el uso de armas químicas es completamente inaceptable bajo cualquier circunstancia y viola la ley internacional”.

Afirmó que el caso de Navalni no puede quedar sin resolver y que los responsables deben responder ante la justicia.

La UE condenó firmemente el envenenamiento de Navalni con el agente químico Novichok y respondió imponiendo medidas restrictivas a seis personas y una entidad que consideró relacionadas con el caso.

Recordó que, en marzo pasado, en el marco del régimen de sanciones de la UE en relación con los derechos humanos, impuso además medidas restrictivas a cuatro personas por su papel en el arresto arbitrario, enjuiciamiento y sentencia a Navalni, así como en la represión de manifestantes pacíficos por el “trato ilegal” que se le dio.

El portavoz dijo que la UE está “profundamente preocupada” por el arresto de Navalni motivado por razones “políticas”, así como por los nuevos cargos penales contra él y su equipo.

También por haber declarado fuera de la ley a la organización de Navalni y sus oficinas regionales antes de las elecciones a la Duma en septiembre.

“El impacto acumulado de estos acontecimientos, en conjunción con un conjunto de medidas restrictivas contra reputadas ONG y personalidades en Rusia, resulta en más infracciones de las libertades fundamentales, restringiendo el espacio para la sociedad civil, los medios independientes y los derechos de la oposición política en Rusia”, subrayó.

La UE confía en que Moscú “respete y garantice” los derechos humanos y se atenga a sus obligaciones internacionales bajo la Convención Europea de Derechos Humanos.