La Fiscalía explicó que la notificación fue autorizada y publicada por la Secretaría General de Interpol.

La Fiscalía capitalina precisó que "buscará su detención conforme a tratados internacionales", ya que Toledo, del Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialista Morena, no puede ser asegurado con el apoyo de la notificación roja, dado el alcance que esa herramienta de búsqueda internacional tiene en la República de Chile, país en el que se encuentra el fugitivo.

En el artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional se señala que las extradiciones que el Gobierno de México solicite de Estados extranjeros "se regirán por los tratados internacionales vigentes".

Además, "las peticiones de extradición que se formulen, como es sabido, se han tramitado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto de la Fiscalía General de la República (FGR)".

En el reporte se explicó que en este caso "una vez que el fugitivo ha sido ubicado en otro país, la oficina central nacional de Interpol homóloga, comunica a Interpol México, que el fugitivo fue localizado en esa nación".

Y deja a salvo los derechos de México para solicitar, por los conductos diplomáticos, la orden de detención provisional con fines de extradición.

Los abogados de Toledo, Samuel Donoso, Gonzalo Cisternas y Luis Masferrer, informaron que su representado, integrante del Partido del Trabajo (PT), se presentó el lunes ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Chile para denunciar que ha sido "víctima de persecución política" en México.

Al tiempo que señalaron que ante una eventual solicitud de extradición, la justicia chilena podría negarla.

Toledo confirmó que permanece en Chile, país donde se encuentra desde el 26 de julio, a donde viajó por motivos familiares.

El viaje se produjo dos semanas antes de que le fuera retirado el fuero constitucional, el 11 de agosto, por la Cámara de Diputados que encontró elementos sobre la acusación que pesaba en su contra por enriquecimiento ilícito.

"Nuestro representado, y así lo demostraremos, ha sido víctima de persecución política en su país, por lo que hemos ratificado ante el máximo tribunal su entera disposición para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos", apuntó el abogado Cisternas.

Agregaron que con base en un acuerdo entre México y Chile "la extradición no podrá ser concedida por delitos considerados como políticos por la parte requerida".

Tampoco en el caso de que el país requerido tenga motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir a un individuo a causa de opiniones políticas.