Mediante un comunicado difundido a última hora del martes la entidad confirmó la muerte de uno de sus trabajadores el 23 de agosto después de haber sido herido el día anterior durante un ataque en Bamenda, en el noroeste de Camerún.

El fallecido es Diomède Nzobambona, un canadiense de 62 años que trabajaba como delegado sobre el terreno en temas de agua y saneamiento.

Había trabajado para FICR y para la Cruz Roja Canadiense desde 2003 y estaba en Bamenda "para dar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por la violencia armada en la región", derivada del conflicto secesionista anglófono camerunés.

"Las circunstancias de su muerte todavía no se han aclarado y no se puede dar información en este momento", señaló la FICR en el comunicado, en el que Markus Brudermann, jefe de la delegación de la organización en Camerún, envía el pésame a los seres queridos de Nzobambona.

Bamenda es la capital de la región anglófona Noroeste de Camerún, que junto a la del Suroeste son foco del conflicto secesionista anglófono que atraviesa el país desde 2017.

Camerún fue colonia británica y francesa hasta 1960, cuando se independizó de ambas potencias e instauró un Estado federal que perduró hasta la celebración del referéndum de 1972, que propició un estado unitario.

Desde entonces, el inglés y el francés son idiomas cooficiales y conviven junto a otras 250 lenguas nativas.

No obstante, en octubre de 2017, varias protestas pacíficas de profesores y funcionarios de justicia que pedían el uso del inglés en los tribunales y en los colegios fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo que incrementó el conflicto con el Gobierno central y provocó el nacimiento de grupos armados separatistas.

Estos reclaman la independencia de las regiones del Noroeste y Suroeste, de mayoría anglófona, que representan el 20 % de Camerún y a las que denominan Ambazonia.

Desde entonces, más de 180.000 personas han sido desplazadas por la violencia y las operaciones de contrainsurgencia de los militares cameruneses, a quienes organizaciones como HRW o Amnistía Internacional acusan de matar civiles y arrasar aldeas.