Biden consideró que la ley texana “viola flagrantemente el derecho constitucional” al aborto que fue establecido en 1973 por la Corte Suprema en el caso “Roe contra Wade”, pero no llegó a anunciar acciones legales de su Gobierno contra la ley, como ha ocurrido con otras iniciativas estatales para restringir el aborto.
"Mi Administración está profundamente comprometida con el derecho constitucional establecido en Roe contra Wade hace casi cinco décadas y protegerá y defenderá ese derecho", afirmó el gobernante en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.
Una de las mayores dificultades para Biden es que la norma de Texas está diseñada para ponérselo difícil a los tribunales, ya que normalmente una demanda que busca bloquear una ley al considerarla inconstitucional nombra a funcionarios gubernamentales como acusados.
Lea más: Entra en vigor en Texas una de las leyes antiaborto más restrictivas de EE.UU.
Pero esa ley prohíbe a los funcionarios estatales aplicar la legislación al delegar en particulares la posibilidad de denunciar a cualquiera que lleve a cabo un aborto.
Al respecto, Biden consideró "escandalosa" ese punto de la ley que delega en particulares el poder de interponer una denuncia y avisó que podrá tener consecuencias negativas en familias donde alguien pueda haber tenido un aborto o entre el personal médico del estado de Texas.
Asimismo, consideró que dificultará el acceso de las mujeres a la atención médica, especialmente de aquellas con bajos ingresos o que pertenecen a comunidades de color.
Específicamente, la legislación supone que prácticamente se veta abortar en Texas, ya que ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas- ha entrado en vigor en Estados Unidos.
En este caso, la medida entró en vigor después de que la Corte Suprema de EE.UU. no se pronunciara sobre una solicitud de urgencia presentada por clínicas de Texas para bloquearla.
La ausencia de intervención judicial ha hecho que la norma, conocida como Ley 8 del Senado, entre en vigor a la espera de que el Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, adopte una resolución.