Panamá es la puerta de entrada a Centroamérica para miles de migrantes procedentes de todas partes del mundo que cada año viajan hacia Norteamérica en busca de una mejor vida.
Este flujo migratorio, que llega a Panamá sobre todo a través de la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia, lo componen mayoritariamente haitianos, muchos procedentes de Chile y Brasil, países donde se habían afincado años atrás.
"Este año ya tenemos cifra récord de migrantes que pasan por nuestro país. Tenemos a la fecha, señores diputados, más de 70.986 migrantes o personas que han pasado por nuestro país", afirmó Pino ante los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
El ministro Pino reiteró que Panamá da un "manejo de carácter humanitario" a los migrantes y por eso aplica el plan de "flujo controlado", que implica asistencia médica, alimentaria y la toma de datos biométricos a estos viajeros en tránsito por el país centroamericano.
Este esquema de flujo controlado se aplica desde 2016 en coordinación con Costa Rica, y desde agosto pasado también en coordinación con Colombia, país donde se han aglomerado más de 10.000 migrantes en tránsito, según las cifras oficiales.
En el marco del acuerdo con Colombia, desde este 1 de septiembre deben pasar desde territorio colombiano hasta 500 migrantes diariamente, 150 menos que la cuota pactada para agosto pasado.
El Gobierno de Panamá ha sostenido que la migración irregular que se dirige a Norteamérica debe ser entendida y tratada como un asunto regional y por ello ha promovido encuentros de alto nivel que conlleven a soluciones conjuntas.
Uno de estos encuentros fue de fiscales y procuradores generales de 12 países latinoamericanos celebrado el pasado lunes en las afueras de la capital panameña, en el que se pactó el combate conjunto a las redes de tráfico de personas que mueven a estos migrantes irregulares.
Los fiscales y procuradores generales Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Panamá, se comprometieron a dar especial prioridad a la cooperación jurídica internacional, el intercambio espontáneo de información, protección y asistencia a las víctimas del tráfico de personas, una actividad promovida por redes que también manejan en narcotráfico, como dijo a los periodistas el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado.