"Grave ataque a la independencia judicial. La actuación de las autoridades viola los principios básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura y todos los estándares internacionales en la materia", publicó en su cuenta de Twitter.
La publicación del también expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se da en momentos en que se ha criticado las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que cesan a los jueces y fiscales sexagenarios, para supuestamente depurar el sistema judicial y el Ministerio Público.
Este jueves se pronunciaron contra la medida la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Manes manifestó en Twitter que "nos preocupan las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Fiscalía", ya que "un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia".
Vivanco indicó en un comunicado que las reformas, aprobadas con dispensa de trámites y sin discusión parlamentaria, "amenazan la independencia judicial al permitir que las autoridades destituyan a todos los jueces y fiscales que tengan 60 años o más".
"Desde que los partidarios de (el presidente Nayib) Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General", apuntó Vivanco.
La medida, votada únicamente por los partidos oficialistas y otros cercanos, no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno.
Un grupo de jueces, según reporte de la prensa local, llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para pedir audiencia y que el pleno de este órgano solicite la derogación de las reformas.
Denunciaron que les restringieron el acceso a la sede de la CSJ y que la Presidencia de este órgano no recibió el escrito, sino que tuvieron que llevarlo a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional.
Publicaciones periodísticas de medios salvadoreños señalan que la medida cesa a un tercio de los 690 jueces del país.