Surgida de los debates de la Asamblea Constituyente (1789-1791), y vinculada al contexto revolucionario de la época, este texto fundacional abolió el Antiguo Régimen y puso los cimientos de la sociedad francesa y los regímenes políticos venideros.
La Declaración de los Derechos ("Bill of Rights") de 1689, en Inglaterra, sirvió de fuente de inspiración a este documento, de la misma forma que las constituciones redactadas en las colonias inglesas de América del Norte antes de que se convirtieran en Estados Unidos.
Sustentada en los derechos naturales, la Declaración de 1789 es considerada como la concreción del espíritu de la Ilustración, movimiento cultural y filosófico que se extendió por Francia desde 1680 hasta la Revolución.
Voltaire, Rousseau, D'Alembert y Diderot habían fallecido, pero sus ideas contrarias a los valores del Antiguo Régimen penetraron en la opinión pública, lo que motivó la redacción de esta Declaración, tal como atestiguan los cuadernos de quejas de 1789.
El preámbulo de la Declaración no menciona a Dios ni la religión, y las primeras palabras del artículo 1 -"Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos"- resumen el espíritu fundamental de la misma.
En materia de derechos individuales, el texto enuncia y define los derechos naturales e irrenunciables del hombre, que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión (art. 2)
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue inscrita en 2003 en el registro "Memoria del mundo" de la Unesco, que recoge una selección del patrimonio documental considerado de importancia mundial.
Además, esta exposición muestra la Constitución de 1971, recogida en el preámbulo, así como la placa de bronce en la que fue grabada la Declaración, que fue golpeada por un mazo para marcar simbólicamente la transición de la monarquía a la república.
La muestra, que estará abierta al público de forma gratuita hasta febrero, reúne otros textos relevantes de la historia de Francia, como la Ley de libertad de prensa (1881), la Ley de separación de la Iglesia y el Estado (1905) y la Ley de abolición de la pena de muerte (1981).