La Sala de Definición de Situaciones Júridicas de la JEP, creada por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC, aceptó "el sometimiento" de Santoyo y "le concedió el beneficio de la privación de la libertad en unidad policial en relación con los procesos penales por los que es investigado".
El general retirado cumplió una condena de más de seis años en Estados Unidos por narcotráfico, tras lo cual fue deportado y está recluido en una cárcel bogotana desde 2019 por un caso relacionado con la desaparición de dos líderes campesinos en el 2000 cuando era director del Gaula Rural (unidad contra el secuestro) de la Policía.
El año pasado un fiscal impuso una nueva "medida de aseguramiento privativa de la libertad" contra Santoyo por una investigación de la Policía a su patrimonio, de más de 6.300 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares) que "en parte sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos" paramilitares cuando estuvo vinculado a la Policía entre 1999 y 2009.
SANTOYO EN LA JUSTICIA DE PAZ
En marzo pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el proceso contra Santoyo por la desaparición en diciembre del 2000 de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
En este caso, la JEP declaró "su competencia exclusiva y prevalente frente a este proceso", por lo que será ese tribunal el que juzgue los delitos por concierto para delinquir y desaparición forzada de los que se acusa al general en retiro.
Según la Fiscalía, Quintero y Monsalve sufrieron una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado, que se orquestó contra Asfaddes.