En su descargo en respuesta a la sanción contra la fiscal Porras y su secretario general, Ángel Pineda, el MP exclamó en un comunicado de prensa que "resultan lamentables este tipo de acciones cuyo objetivo no es la lucha contra la corrupción, sino que se trata de acciones políticas, sesgadas e ideológicas".

La sanción del Departamento de Estado estadounidense consistió en prohibirles a los funcionarios guatemaltecos el ingreso a Estados Unidos "por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción".

La sanción está "perturbando el desarrollo técnico de una institución seria como el Ministerio Público", agregó el comunicado de la Fiscalía, en el que además indica que Consuelo Porras no dejará su cargo, tal como es demandado por la oposición al Gobierno guatemalteco y sus aliados.

La fiscal general "ratifica contundentemente la decisión de seguir trabajando en beneficio de la construcción de una cultura de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos para construir un verdadero estado democrático de derecho en Guatemala", concluyó el pronunciamiento oficial.

El documento enfatizó su rechazo público a la sanción de Estados Unidos y enfatizó que dicha acción es "totalmente falsa e infundada".

Además de la fiscal general y el secretario general del MP, también fueron sancionados cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador por "socavar los procesos democráticos" al aceptar la designación directa para el cargo en un "proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña".

Estas sanciones se suman a las impuestas comienzos de julio cuando el Gobierno estadounidense señaló por corrupción a 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, entre ellos 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras, entre ellos el expresidente hondureño Porfirio "Pepe" Lobo (2010-2014).