El Supremo decidió a principios de septiembre no intervenir sobre la ley mientras los tribunales inferiores resuelven los recursos en su contra, rechazando así la petición de que la suspendiera temporalmente.

Los proveedores de aborto como Planned Parenthood piden ahora al Supremo que no espere a que los tribunales inferiores fallen sobre los recursos y que asuma directamente el caso, algo que sería extraordinario para el alto tribunal.

Aunque el Tribunal Supremo prohibió en 1973 la interferencia del estado en el aborto, la ley de Texas tiene un redactado único que promueve que ciudadanos presenten demandas civiles contra médicos que practiquen el aborto con recompensas de hasta 10.000 dólares, para así eludir ese fallo.

El Gobierno de Joe Biden a través del Departamento de Justicia también ha presentado recursos ante el Supremo para que declare inconstitucional la ley de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre.

Los republicanos y el movimiento conservador llevan años tratando sin éxito de revertir el fallo de 1973, pero ahora, con 6 magistrados conservadores en el Tribunal Supremo por solo 3 de progresistas, esperan lograrlo.