La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, reformó a Ley de la Carrera Judicial para cesar a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, supuestamente para combatir prácticas corruptas.
La ONU y Estados Unidos han criticado la medida, mientras que organizaciones humanitarias señalan que es la “consumación del golpe de Estado” contra el órgano Judicial.
Guzmán, quien lleva la causa de El Mozote desde 2016 tras ordenar su reapertura, señaló que la única vía para retomar sus funciones es que se derogue en el Congreso la reforma o que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declare inaplicable por inconstitucional.
Otra vía es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dicte medidas cautelares en seguimiento a la condenada contra el Estado salvadoreño de 2012 o de una corte de apelaciones local, a la que acudieron sus colegas.
“No cabe duda que las víctimas, quienes son el centro del proceso de El Mozote y lugares aledaños, verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia”, indicó en un escrito enviado a la CSJ.
Añadió: “Se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexcusable a la Constitución de este país. Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”.
Guzmán, de 61 años, criticó al pleno de la CSJ, que “no asume la responsabilidad legal y ética de su inaplicabilidad” y destacó que la reforma no incluye excepciones “por el conocimiento de casos relacionados a delitos de lesa humanidad”, como El Mozote.
La CSJ de El Salvador señaló este miércoles que no cesará a los jueces que conozcan causas por crímenes de lesa humanidad con la entrada en vigor de la cuestionada reforma.
“La excepción para los dos supuestos antes mencionados (60 años de vida o 30 de carrera) serán los casos cuya relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad estén abiertos en la actualidad”, reza un comunicado emitido por el Supremo.
Guzmán resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que determinara si el presidente Nayib Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.
En esta diligencia se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de civiles en la remota localidad de El Mozote en 1981.
El juez Guzmán ordenó la reapertura de la causa por la masacre en septiembre de 2016 tras la anulación de una ley de amnistía.
Además, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de militares retirados a crímenes de lesa humanidad.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.