De acuerdo con el periódico La Prensa Gráfica (LPG), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) notificó el pasado 24 de septiembre al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que se rehusó a emitir la difusión roja contra Sánchez Cerén, Gersón Martínez, José Melgar, José López y Lina Pohl.
Estas personas, junto a otros cinco exfuncionarios, enfrentan un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los exfuncionarios Carlos Cáceres, Violeta Menjívar, Hugo Flores, Erlinda Handal y Calixto Mejía, todos capturados el 22 de julio pasado, guardan prisión en diferentes penales del país a la espera de la fase de instrucción del proceso penal.
Este caso se desprende de la investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.
Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió en 2019 la nacionalidad de ese país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Sánchez Cerén, quien recibió la nacionalidad nicaragüense en julio pasado, habría recibido 530.000 dólares como sobresueldo cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes.
Mientras los otros exfuncionarios habrían recibido cantidades que oscilan entre los 100.000 dólares y los 500.000 dólares.
Sánchez Cerén se convirtió el pasado 22 de julio en el cuarto exmandatario de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción.