En un comunicado conjunto, AI, HRW y otras seis organizaciones pro derechos humanos afirmaron que, ahora que Guinea-Conakri inicia una transición política tras el golpe de Estado que derrocó el pasado día 5 al presidente Alpha Condé, la apertura de este juicio enviaría la "fuerte señal" de que las autoridades luchan contra la impunidad.
El 28 de septiembre de 2009, más de 150 personas murieron y 1.500 resultaron heridas en la represión de una concentración de la oposición en el estadio de Conakri.
Según aseguraron entonces la oposición, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, soldados y policías dispararon sin mediar palabra sobre las personas que acudían en el estadio a una concentración pacífica contra el régimen militar que en aquel momento ostentaba el poder en el país.
Sin embargo, las citadas ONG denuncian "los retrasos y la pérdida de tiempo en la organización del juicio", que aún no se ha celebrado pese a que la investigación de los jueces guineanos comenzó en febrero de 2010 y concluyó en 2017.
Más de trece sospechosos fueron acusados, de los que once fueron enviados a juicio, entre ellos Moussa Dadis Camara, exlíder de la junta que gobernaba Guinea-Conakri en septiembre de 2009, quien vive exiliado en Burkina Faso.
Algunos de los sospechosos que han sido acusados ocuparon posiciones influyentes hasta el reciente golpe de Estado, incluido Moussa Tiegboro Camara, quien estaba a cargo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, recuerdan AI y HRW.
"Dado el deterioro de la salud de los sobrevivientes, nosotros, junto con la Asociación de Víctimas, Familiares y Amigos del 28 de Septiembre de 2009, pedimos que este año sea la última conmemoración antes de que se haga justicia", dijo Aissatou Diallo, sobreviviente de la matanza, en el comunicado.
En opinión de las ONG, "es más que urgente para Guinea poner fin al ciclo de impunidad que ha marcado profundamente la historia del país durante más de sesenta años".
"Recordamos a las autoridades que el derecho internacional exige que los Estados brinden recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y que cualquier falta de justicia o la adopción de una amnistía por delitos graves es incompatible con estos requisitos", agregaron las organizaciones denunciantes.