Wayne Couzens, de 48 años y padre de dos hijos, se enfrenta a la condena más severa que existe en el sistema judicial británico, reservada para los criminales más peligrosos, y pasará el resto de su vida entre rejas.

El juez Adrian Fulford describió las circunstancias del caso como "grotescas" y dictaminó, desde el tribunal penal de Old Bailey, que la gravedad era tan "excepcionalmente alta" que justificaba la orden de cadena perpetua.

La tarde del pasado 3 de marzo, tras completar un turno de 12 horas, el oficial de protección diplomática deambuló en un coche por el centro de Londres con el objetivo de "cazar a una mujer solitaria para secuestrarla y violarla", en palabras del juez.

Así fue como se topó en el barrio de Clapham con Sarah Everard, que volvía andando a casa tras quedar con una amistad a unos 4 kilómetros, un trayecto que nunca llegó a completar.

Según la investigación policial, Couzens pudo haber usado sus credenciales y autoridad como agente para arrestar a la joven por supuestamente quebrantar las restricciones por el coronavirus, en un momento en que el país estaba bajo confinamiento.

Se la llevó esposada en su coche, ante la mirada de algunos transeúntes que creyeron ver una detención en lugar de un secuestro, y la condujo hasta los alrededores de Kent (sureste de Inglaterra), a unos 125 kilómetros, donde la violó en una zona boscosa de Ashford y la asesinó estrangulándola con un cinturón reglamentario de policía.

Couzens quemó el cuerpo de Everard y se deshizo de los restos arrojándolos en un estanque cercano, tal como descubrieron los agentes una semana después, con la ayuda de perros rastreadores.

El asesinato desató la furia de las mujeres en el Reino Unido, con numerosas protestas en defensa de calles seguras y libres de machismo, y prendió la mecha del escepticismo contra la policía, envuelta en polémica por cómo trató de disipar las manifestaciones en pleno confinamiento.