Se trata de los magistrados Cesia Romero y Samuel Lizama, críticos de una reforma legal que cesó a cientos de jueces sexagenarios o con 30 años de servicio.

"Hacemos pública nuestra preocupación e indignación por las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa y por la Corte Suprema de Justicia ilegítima que atentan contra el derecho del pueblo salvadoreño de gozar de acceso a la Justicia ambiental", señalaron en un comunicado.

Destacaron que dichos magistrados emitieron fallos que "han protegido a tres ríos del país", como es el caso de una resolución a favor de los pueblos indígenas al denegar la construcción de una pequeña represa en el río Sensunapán (oeste) y que afectaría 11 "sitios sagrados".

"Advertimos que detrás de esta decisión inconstitucional hay un interés mezquino en contra de todo el pueblo del que presumen proteger para beneficiar a sectores económicos que buscan allanar el camino a proyectos que atentan con el medio ambiente", subrayaron.

Entre las organizaciones se encuentran la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, la Mesa Nacional Frente a la Minería, entre otras.

El juez Juan Antonio Durán denunció recientemente su traslado "en represalia" por sus críticas y lo catalogó como "otro ataque contra mi derecho a la libertad de expresión, en defensa de la independencia Judicial".

Uno de los jueces cesado fue Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.

Dicho juez conocía el proceso penal por la masacre de mil civiles desarmados perpetrada por el Ejército en la remota localidad de El Mozote, en 1981.