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Durante el inicio de esa tarea, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró que se trata de "un acto de justicia y de verdad" puesto que consideró que en 2019 la democracia fue "escamoteada" y ha sido objeto de "un golpe de Estado".
Chávez, que también fue abogado del expresidente Evo Morales, cuestionó la auditoría de la OEA que debió revisar casi 35.000 actas electorales y que "no ha llegado nada más a 226", además, aseveró que el secretario general del organismo, Luis Almagro, "estafó a Bolivia" y que no hubo "ningún método de validación de auditoría".
El procurador señaló que la crisis de 2019 buscaba "implantar" un "golpe de Estado" con acusaciones anticipadas de fraude que finalmente se produjo el 10 de noviembre, tras el informe del organismo hemisférico, por la derecha a la que llamó "golpista, gamonal, racista y excluyente".
La revisión será "acta por acta" durante una semana en función a la base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acceso público, con estudiantes de último año de la Universidad Pública de El Alto que verificarán los datos y un registro diseñado por la Procuraduría, destacó Chávez.
Se instalarán dos filtros, uno de revisión de las actas y otro que valorará la información de materia electoral mediante especialistas.
Al inicio de esa labor asistieron sectores sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), algunos funcionarios y exfuncionarios gubernamentales mientras que ni las fuerzas de la oposición ni el organismo electoral del país fueron parte del comienzo del acto de recuento.
Chávez mencionó que las opositoras Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, eran los "invitados especiales" a esta actividad y que no asistieron por "pánico" y "temor a la verdad".
No obstante, Comunidad Ciudadana mencionó que en ningún momento recibió invitación formal para ser parte de esa revisión.
En noviembre de 2019, la OEA realizó una auditoría a las elecciones generales solicitada por el Estado boliviano a través de la firma de un convenio bilateral "vinculante" en la que estableció que en los comicios hubo "una manipulación dolosa" por lo que recomendó que se celebraran de nuevo.
Esa situación dio pie a un proceso judicial conocido como el caso "fraude electoral" que a finales de julio pasado fue cerrado por la Fiscalía tras considerar de que "no hubo manipulación" de los resultados con base en un estudio que esta entidad pidió al "Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE" de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España.