"Si no se hace justicia, se fortalecerá la cultura de la impunidad y se reforzarán las percepciones que sacaron a los manifestantes a las calles en primer lugar", dijo en un comunicado difundido hoy Anietie Ewang, la investigadora sobre Nigeria para HRW.

El movimiento conocido como "End SARS" ("Acabar con SARS"), surgió en octubre del año pasado para exigir la disolución -que, finalmente, se produjo- de la unidad policial conocida con esas siglas, el Escuadrón Especial Antirrobo de la Policía nigeriana, acusada de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos extrajudiciales.

Según denunció entonces la organización Amnistía Internacional (AI), durante las protestas -que estallaron en varias urbes del país y se alargaron durante semanas- al menos 56 personas murieron en total, incluyendo manifestantes, miembros de las fuerzas armadas y matones supuestamente contratados por las autoridades.

En el que fue el día más sangriento de esos episodios, el 20 de octubre de 2020, al menos 12 manifestantes perdieron la vida en un peaje de la localidad de Lekki y en el distrito de Alausa, ambos en la inmensa urbe de Lagos, de unos 21 millones de habitantes, cuando la policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos.

Según las entrevistas realizadas con testigos, trabajadores sanitarios, analistas y otros actores, HRW concluyó que fueron primero los soldados quienes rodearon a los manifestantes y dispararon al aire y contra la multitud.

La policía llegó después y disparó de nuevo contra los manifestantes que no habían podido huir.

El hermano de una de las víctimas mortales -un mecánico de 32 años que falleció de camino al hospital tras recibir disparos en el pecho y en el estómago- explicó a HRW, por ejemplo, que sus intentos de denunciar la muerte de su hermano habían sido infructuosos.

"Intentamos denunciar en la comisaría después de que muriera, pero no permitían (la policía) que nadie se acercara a sus estaciones, ni siquiera cerca de la puerta", relató.

Peace Okon fue también víctima indirecta de las protestas en Lekki, donde desapareció su hermano de 18 años, del que todavía no sabe nada, ni siquiera si está muerto o vivo, después de haber visitado varios hospitales, tanatorios, comisarías y una prisión en Lagos, explicó a HRW.

Según las investigaciones de la organización, un año después de estos brutales episodios, ningún responsable de esos hechos ha sido aun detenido o juzgado por sus acciones.

Hace justo un año, el 19 de octubre de 2020, se estableció el Panel Judicial de Investigación y Restitución para las Víctimas de Abusos Relacionados con el SARS del Estado de Lagos para revisar las quejas de violencia y asesinatos extrajudiciales, cuyas conclusiones deberían publicarse precisamente este martes.

Si el gobernador de Lagos aceptara sus recomendaciones, se podrían ejecutar como sentencias del Tribunal Superior del Estado, aunque abogados alertan de que solo podrían hacerse efectivas si las fuerzas de seguridad despiden previamente a los agentes responsables de la violencia.

Tras las protestas, la brutalidad policial sigue siendo un problema sistémico en Nigeria, el país más populoso de África, a pesar de las reiteradas promesas de cambio por parte del Gobierno nigeriano.